Nacionalidad para los nietos de españoles.

Xurxo Martínez Crespo

A finales de 2008 entrará en vigor la Ley de Memoria Histórica, que concede la nacionalidad española a los nietos de españoles que tuvieron que exiliarse por razones económicas o políticas. La aplicación de la ley, para la recuperación de la nacionalidad española, será de dos años, pudiéndose prorrogar por uno más, hasta 2011.

Mil preguntas acuden a la cabeza de los cientos de miles de personas que podrán acogerse a esta ley. El número de beneficiarios es tan inexacto que las mismas autoridades españolas no conocen bien el número de cientos de miles que se podrán acoger. Voceros del Ministerio de Exteriores del estado español cifran en 1.500.000 los que podrán acogerse a la Ley, doblándose de esta manera el número de españoles residentes en el exterior, que llegaría a más de 3.000.000.

La concesión todavía no está clara en sus requisitos, ni el Ministerio los conoce a día de hoy, julio de 2008, pero lo que sí es seguro es que se hará una interpretación laxa del termino “exiliado” alargando su significado a los emigrantes económicos de la época de la dictadura.

Uno de los errores de la Ley de Memoria Histórica, a mi entender, es el pretender reducir el exilio a la dictadura de Franco. La República española, durante los dos años de gobiernos de la derecha, el llamado “Bienio negro” mandó al destierro a infinidad de políticos con las excusas más peregrinas. Antes de la República, la dictadura-monarquía del abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, exilió a centenas de miles de hombres y mujeres huyendo de las guerras que organizaba en África para enriquecerse, a costa de los pobres campesinos que eran secuestrados en las aldeas para que el rey Borbón continuase jugando (y perdiendo) en los casinos de Europa.

Mi abuelo fue uno de esos exiliados que tuvo que huir a Cuba para volver a morir a su tierra cincuenta años más tarde.

Esta Ley que llega tarde, como les gusta a los políticos, llenará Latinoamérica de ciudadanos con ciudadanía española, que en su momento servirán de mano de obra barata y cotizante, cuando los españoles, ya viejos, necesiten hombres y mujeres que los ayuden a mantener su nivel de vida. Los primeros en llegar serán aquellos que tengan carreras universitarias y obligarán a las universidades públicas de Latinoamérica a exigir a los estudiantes a firmar un contrato por el que se comprometen a devolver el tiempo y dinero invertido en éllos en su país.