La directiva de retorno europea

La vulnerabilidad en la que viven al menos 200 millones de migrantes en el mundo tiene varias caras; una de las más crudas es la del rechazo, ya sea en sus países de origen o en los territorios a donde se ven obligados a migrar. Todos se aprovechan del trabajo que realizan los migrantes y de los recursos que aportan, pero gobiernos y sociedad en general rechazan la permanencia de los migrantes en sus comunidades. Ahora toca el turno a la Unión Europea, donde los ministros del Interior, luego de tres años de debates, habían aprobado por unanimidad, el pasado 5 de junio, la “Directiva de retorno de inmigrantes ilegales”, que incluye desde luego a europeos extracomunitarios. Solamente faltaba la ratificación en la Eurocámara, donde los parlamentarios la votaron el miércoles pasado, con lo cual la Directiva se aprobó por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones (ABC, 18 de junio de 2008). La Directiva salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, a los liberales y a la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierda que, entre otras cambios, pedían la reducción del periodo de reclusión a tres meses, con posible extensión a 12, y mayores garantías para los menores de edad al momento de su expulsión.

La norma prevé, entre otras cosas, aumentar a 18 meses el periodo de internamiento de migrantes sin papeles en centros especializados de detención, en lugar de cárceles, antes de ser deportados. Durante el proceso de detención los países de la Unión Europea deberán otorgar a los indocumentados derechos básicos, acceso a asesoría legal gratuita, alimentos y habitación. Una vez arrestados por las autoridades, los indocumentados recibirán como primera opción la de abandonar el país de manera voluntaria en un lapso de hasta 30 días. Si existe el riesgo de que huyan, podrán ser detenidos hasta durante seis meses, mientras se procesan sus deportaciones. En caso de no “cooperar” con las autoridades, se pudiese ampliar el plazo de su detención hasta 12 meses. Además, la directiva establece para los expulsados una prohibición de retorno a la Unión Europea de hasta cinco años. La norma afecta también a menores de edad que sean hallados en situación irregular, los cuales podrían ser expulsados aún sin estar en compañía de su familia, y entregados a tutores que no sean familiares directos o bien a instituciones adecuadas en sus países (La Vanguardia, 18 de junio de 2008).

Hasta ahora, la Unión Europea carece de una política común para deportar a los indocumentados. Por ejemplo, los periodos de detención varían entre los treinta y dos días en Francia, hasta el arresto indefinido en Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda. La norma del bloque comunitario entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, esto es, en el 2010. Desde luego, en este tiempo no dejarán de arribar a tierras europeas comunitarias miles de migrantes en busca de empleo para combatir el hambre que padecen en sus comunidades de origen. Asimismo, los migrantes asentados en la Unión Europea seguramente pondrán en marcha estrategias de supervivencia “legal” para vencer la nueva legislación migratoria. Nuevamente los gobiernos del norte equivocan la estrategia: la migración no se detendrá con muros y leyes, sino con un reparto más equitativo de la riqueza que potencialice el desarrollo en los países expulsores de mano de obra al sur del hemisferio.

De nueva cuenta se aplica a los migrantes la ley de azadón, es decir, los gobiernos solamente ven la manera en la cual pueden beneficiarse de la mano de obra que arriba a sus países, pero no legislan para legalizar la estancia de millones de obreros tanto campesinos como industriales que diariamente laboran para poner en marcha la maquinaria industrial del norte desarrollado. Recordemos que en el caso de España, de no haber sido por la llegada de más de 3 millones de migrantes en los últimos diez años, el producto interno bruto habría bajado 0.6 por ciento, en lugar de mostrar un crecimiento de 2.6 por ciento. De igual manera, 2 millones de latinoamericanos adultos que viven en España enviaron en 2006 a sus respectivos países poco más de 5 mil millones de dólares, monto que podría incrementarse a 7 mil millones en 2010 (“México, S.A.” La Jornada, 13 de junio de 2008). Por otro lado, los migrantes contribuyen al dinamismo demográfico de Europa, ayudan a mantener una relación “sana” entre activos e inactivos que vuelve posibles sus generosos sistemas de seguridad social, y dinamizan el mercado interno y la cohesión social.

En España había 2 millones 357 mil extranjeros legales a finales de 2007. De ellos, un millón 316 mil estaban afiliados a la Seguridad Social. Sólo con su contribución se pagan 900 mil pensiones. Los migrantes aportan el 7.4 por ciento de las cotizaciones de la Seguridad Social y sólo reciben el 0.5 por ciento del gasto en pensiones. Los migrantes, según la Oficina Económica de La Moncloa, suponen el 8.8 por ciento de la población española, pero absorben sólo el 5.4 por ciento del gasto público. Consumen el 4.6 por ciento del gasto en sanidad y el 6.6 por ciento en educación. Pero su aportación es el 6.6 por ciento de los ingresos totales. En total, su presencia en España supone un beneficio neto para el país de unos 5 mil millones de euros. La migración es una entrada de población joven y trabajadora que al día de hoy aporta más recursos de los que recibe por parte del Estado español (El País, 16 de junio de 2008). Aún así, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue adelante con el endurecimiento de su política migratoria. Pretende reformar la Ley de Extranjería con el fin de limitar la reagrupación de migrantes sólo a los cónyuges y a los hijos menores de 18 años. Hasta ahora, los migrantes podían reagrupar a sus cónyuges, hijos, padres y suegros. Una vez que estas personas obtenían su permiso de residencia, podían a su vez reagrupar a otros familiares (El Mundo, 19 de junio de 2008).

Para los países latinoamericanos, la “Directiva de retorno” es una bomba con una mecha muy corta, puesto que no sólo cancelará los cuantiosos recursos derivados de las remesas, sino que potenciará el regreso masivo de sus ciudadanos, ahora expulsados por los países receptores de migrantes. La norma endurece las condiciones de detención y expulsión de los migrantes indocumentados, cualquiera que sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración. De nueva cuenta el endurecimiento de las medidas contra los indocumentados va acompañado del cambio general de la opinión pública y gubernamental contra los migrantes, a quienes, por ejemplo, el gobierno italiano culpa del aumento de la delincuencia violenta. Por otro lado, en España, el 70 por ciento de la población está a favor de la Directiva. Así, los 27 gobiernos del viejo continente han decidido comenzar la expulsión de latinoamericanos, africanos y asiáticos que se encuentran en condiciones ilegales. Alrededor de 8 millones de migrantes deberán abandonar el territorio de la Unión Europea en los próximos meses y emprender el viaje de regreso a sus países. Vuelta al origen. Vuelta a la desesperanza de no acceder a condiciones dignas de vida.