El Confidencial-No hay trabajo para todos, pero la crisis económica golpea doblemente a los inmigrantes: sufren el desempleo igual que los nacionales y, además, soportan el estigma de que su llegada masiva a nuestro país contribuye al crecimiento desbocado de la población activa y, por tanto, a que las cifras de paro se disparen. Para frenar ese flujo incesante de extranjeros, el Gobierno quiere reformar después del verano la Ley de Extranjería y acabar antes de final de año con el coladero que supone el reagrupamiento familiar: sólo en 2007 casi 150.000 inmigrantes obtuvieron mediante esa fórmula el permiso de residencia en España.
Ese coladero podría tener los días contados si el Gobierno es capaz, como pretende, de lograr el consenso político y social necesario para endurecer la Ley de Extranjería y limitar el reagrupamiento familiar exclusivamente al cónyuge del inmigrante y a sus hijos menores de edad. Esa modificación de la ley reduciría drásticamente, según los cálculos del Ejecutivo, la abultada cifra de permisos de residencia que se conceden anualmente a través de ese mecanismo.
En la actualidad, los inmigrantes que residen legalmente en España pueden traer a nuestro país a sus cónyuges, hijos, padres, suegros y hermanos. Y todas esas personas, a su vez, pueden ejercer su derecho al reagrupamiento familiar transcurrido un periodo de dos años, en un proceso susceptible de multiplicarse en cadena y de manera ilimitada.
La mayoría de esos inmigrantes reagrupados se instala en España con la intención de incorporarse al mercado laboral, por lo que la población activa se ha multiplicado en los últimos años con la llegada masiva de trabajadores extranjeros. En época de vacas gordas casi todos encontraban antes o después un puesto de trabajo -sobre todo por el tirón de la construcción, la hostelería y el servicio doméstico-, pero la crisis económica ha puesto de relieve de forma dramática que, si no se pone coto a la avalancha de inmigrantes, el paro no dejará de crecer. Dicho de otra forma: que la creación de nuevos empleos será insuficiente -lo es ya- para satisfacer la creciente demanda.
Además, el Gobierno teme que los recén llegados mediante la fórmula del reagrupamiento familiar puedan colapsar, si no logran un empleo, el sistema de prestaciones sociales y los servicios públicos, ya que, aunque no trabajen, sí generarán gasto en sanidad, educación o servicios sociales.
El consenso que el Gobierno quiere impulsar para limitar el reagrupamiento parece, a priori, asegurado. No sólo el Partido Popular comparte ese proyectado endurecimiento de la Ley de Extranjería, sino también los sindicatos y la patronal, aunque las fórmulas que unos y otros proponen para lograr ese objetivo no siempre coinciden. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), por ejemplo, se muestra partidario de reducir también el cupo anual de inmigrantes contratados en origen, ajustándolo a las cifras del reagrupamiento familiar, ya que una buena parte de los extranjeros que llegan a España reclamados por sus parientes también se incorporan al mercado de trabajo.
Más de 750.000 inmigrantes fueron contratados en origen por empresarios españoles durante los últimos cuatro años, y un número similar de trabajadores clandestinos en nuestro país fue blanqueado en 2005 e incorporado al mercado laboral, en un proceso de amnistía que fue auspiciado por el Gobierno. A esas cifras hay que añadir los inmigrantes reagrupados por sus familias que consiguen un empleo, que rondan los 100.000 anuales. En total, más de 1,7 millones de inmigrantes han entrado a formar parte del mercado de trabajo a lo largo de la pasada legislatura. En la que acaba de empezar, y con la crisis económica golpeando el crecimiento y el empleo, absorber esas cifras se le antoja imposible al Gobierno.Por eso, ayer mismo se puso a trabajar en la reforma de la Ley de Extranjería.
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