Los migrantes sin documentos serán fichados por las autoridades mexicanas, pese a las advertencias –emitidas por organismos civiles– de que esta medida atenta contra los derechos humanos de los extranjeros.
Si bien se ha eliminado la palabra “ficha”, el nuevo reglamento para las estaciones migratorias conserva la obligación de integrar un expediente de cada uno de los indocumentados, para lo cual serán tomadas fotografías y las huellas digitales de los migrantes.
Desde el inicio de este sexenio, el gobierno se propuso elaborar nuevas normas para la operación de casi medio centenar de estaciones migratorias que trabajan en el país y a donde son llevados los extranjeros que son detenidos por las autoridades migratorias o policiales.
La mayoría de los indocumentados provienen de Centroamérica (encabezan la lista los ciudadanos hondureños y guatemaltecos), casi todos son deportados de inmediato a sus lugares de origen, toda vez que existen convenios para que esa repatriación se haga incluso en unas cuantas horas.
Cuando se elaboró el primer anteproyecto de nuevas reglas, diversas organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos destacaron que someter a los extranjeros a un registro atenta contra sus garantías básicas, principalmente las infracciones que cometen los indocumentados al ingresar a México sin el permiso correspondiente, violaciones de tipo administrativo mas no penales; es decir, no son delincuentes, situación que han refrendado los tres poderes de la Unión. Sin embargo, las nuevas reglas previeron desde su diseño original, dado a conocer desde el año pasado, condiciones estrictas no sólo para el acceso de quienes visitan o pretenden auxiliar a los migrantes, sino para los propios “asegurados”, quienes pueden ser segregados hasta por tres meses.
Después de varias revisiones en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (paso indispensable para su aprobación definitiva), el INM y el área jurídica de la Secretaría de Gobernación han concluido los últimos ajustes que, de acuerdo con la titular de migración, correspondieron a aspectos de “forma”.
De una nota de Fabiola Martínez
Desde el inicio de este sexenio, el gobierno se propuso elaborar nuevas normas para la operación de casi medio centenar de estaciones migratorias que trabajan en el país y a donde son llevados los extranjeros que son detenidos por las autoridades migratorias o policiales.
La mayoría de los indocumentados provienen de Centroamérica (encabezan la lista los ciudadanos hondureños y guatemaltecos), casi todos son deportados de inmediato a sus lugares de origen, toda vez que existen convenios para que esa repatriación se haga incluso en unas cuantas horas.
Cuando se elaboró el primer anteproyecto de nuevas reglas, diversas organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos destacaron que someter a los extranjeros a un registro atenta contra sus garantías básicas, principalmente las infracciones que cometen los indocumentados al ingresar a México sin el permiso correspondiente, violaciones de tipo administrativo mas no penales; es decir, no son delincuentes, situación que han refrendado los tres poderes de la Unión. Sin embargo, las nuevas reglas previeron desde su diseño original, dado a conocer desde el año pasado, condiciones estrictas no sólo para el acceso de quienes visitan o pretenden auxiliar a los migrantes, sino para los propios “asegurados”, quienes pueden ser segregados hasta por tres meses.
Después de varias revisiones en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (paso indispensable para su aprobación definitiva), el INM y el área jurídica de la Secretaría de Gobernación han concluido los últimos ajustes que, de acuerdo con la titular de migración, correspondieron a aspectos de “forma”.
De una nota de Fabiola Martínez
No hay comentarios:
Publicar un comentario