Acusan a agente fronterizo de EU de liderar banda de contrabando de migrantes

Como funcionario de la CBP, Juan Carlos Guerrero era responsable, entre otras cosas, del manejo de inspecciones de vehículos que cruzaban de México a Estados Unidos.

Notimex
Publicado: 08/10/2012 12:03

Dallas. Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos fue acusado de comandar una operación de contrabando de migrantes a través de uno de los cruces internacionales en la frontera de Texas con México.

Fiscales ante la Corte Federal del sureste de Texas imputaron al agente de la CBP Juan Carlos Guerrero, de 39 años de edad, los cargos de conspiración para cometer contrabando, contrabando de indocumentados y por soborno, según la acusación conocida este lunes.

Iguales cargos fueron formulados en contra de la novia de Guerrero, Claudia Flores, de 34 años, y la amiga de ambos, Maribel Rivera, de 43.

Según la acusación, entre octubre de 2009 y aproximadamente enero de 2011, Guerrero trabajó el turno de medianoche como agente de la CBP en los cruces internacionales de Pharr y Anzaldúas, cerca de McAllen, Texas.

Como funcionario de la CBP, Guerrero era responsable, entre otras cosas, del manejo de inspecciones de vehículos que cruzaban de México a Estados Unidos.

La querella ante la corte federal precisa que Guerrero, su novia y su amiga, además de su sobrino José P. Cantú, condujeron una operación de contrabando de migrantes a cambio de cobrar entre mil y 3 mil dólares a cada persona.

Según la acusación, Flores, Cantú y Rivera buscaban en el lado mexicano personas que deseaban cruzar hacia territorio estadunidense y carecían de documentos. Luego contrataban conductores para que los trasladaran a través de la línea de inspección a cargo de Guerrero.

Guerrero procuraba siempre que los cruces se realizaran alrededor de la medianoche, para esconder sus actividades ilegales. Cantú, el sobrino de Guerrero, se declaró culpable de los cargos en julio pasado.

Acusan a agente fronterizo de EU de liderar banda de contrabando de migrantes

Como funcionario de la CBP, Juan Carlos Guerrero era responsable, entre otras cosas, del manejo de inspecciones de vehículos que cruzaban de México a Estados Unidos.

Notimex
Publicado: 08/10/2012 12:03

Dallas. Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos fue acusado de comandar una operación de contrabando de migrantes a través de uno de los cruces internacionales en la frontera de Texas con México.

Fiscales ante la Corte Federal del sureste de Texas imputaron al agente de la CBP Juan Carlos Guerrero, de 39 años de edad, los cargos de conspiración para cometer contrabando, contrabando de indocumentados y por soborno, según la acusación conocida este lunes.

Iguales cargos fueron formulados en contra de la novia de Guerrero, Claudia Flores, de 34 años, y la amiga de ambos, Maribel Rivera, de 43.

Según la acusación, entre octubre de 2009 y aproximadamente enero de 2011, Guerrero trabajó el turno de medianoche como agente de la CBP en los cruces internacionales de Pharr y Anzaldúas, cerca de McAllen, Texas.

Como funcionario de la CBP, Guerrero era responsable, entre otras cosas, del manejo de inspecciones de vehículos que cruzaban de México a Estados Unidos.

La querella ante la corte federal precisa que Guerrero, su novia y su amiga, además de su sobrino José P. Cantú, condujeron una operación de contrabando de migrantes a cambio de cobrar entre mil y 3 mil dólares a cada persona.

Según la acusación, Flores, Cantú y Rivera buscaban en el lado mexicano personas que deseaban cruzar hacia territorio estadunidense y carecían de documentos. Luego contrataban conductores para que los trasladaran a través de la línea de inspección a cargo de Guerrero.

Guerrero procuraba siempre que los cruces se realizaran alrededor de la medianoche, para esconder sus actividades ilegales. Cantú, el sobrino de Guerrero, se declaró culpable de los cargos en julio pasado.

Sus parejas se fueron a EU; ellas afrontan solas la miseria

Por Flavia Morales, corresponsal

Zongolica, Veracruz, 3 oct 12 (CIMAC).- Carmen Flores ya dejó de contar los días y las horas, perdió la esperanza después de ocho años sin ver a su marido, quien migró a Estados Unidos.

Su marido, un día dejó de llamar y enviar dinero. Se fue en busca de una mejor oportunidad de trabajo para sacar adelante a sus tres hijos, pero hace tres años que desapareció.

“Al principio pensé que algo le había pasado, porque tenemos casos de familiares que han tenido accidentes, pero después pues ya nos abandonó, y pues lo que prometió no lo cumplió”, relata.

Tiempo después, Carmen indagó con sus vecinos y supo que “allá” tenía nueva pareja y hasta otro hijo.

La situación la llevó a regresar a casa de sus padres, donde ahora ayuda con lo que puede, y es apoyada por su hermano mayor que también vive en EU.

Cuando su esposo se fue, su hijo menor era recién nacido, ahora tiene siete años. “Está duro, quiero rehacer mi vida, pero primero están mis hijos, tengo un hermano que trabaja en Carolina del Norte, él nos ayuda a mis hijos y a mí”, cuenta Flores.

Su historia, reconoce, es similar a la de una decena de mujeres de su comunidad, ubicada a dos horas de Zongolica, una de las  regiones más empobrecidas del país.

Hay algunos  casos afortunados que se pueden ver reflejados en la construcción de casas de dos pisos, pero muchos otros desafortunados, donde las mujeres han sido abandonadas por los esposos, dejadas al cuidado de sus familias políticas, sin esperanza para comenzar una nueva vida.

En la sierra de Zongolica la pobreza invade a las comunidades, las estadísticas señalan que sólo 25 por ciento de la población cuenta con pavimentación, agua potable, drenaje y ahí se ubican al menos 10 de los municipios más pobres del país.

Dora María Coahua, tiene 32 años y tres hijos, uno de 12 y otro de 15. Su esposo tiene un año en Atlanta (EU), se fue como migrante irregular; para irse al país vecino pidió 13 mil 500 pesos prestados y los sigue pagando con intereses.

“Es difícil, hay que hacerla de mamá y papá, está canijo con el de 15. Mi esposo quisiera estar aquí, él está trabajando (en EU) de jardinero, por lo menos dos años más se quedará por allá”, dice.

Su hijo más pequeño de año y medio, Enrique Chimalhua Coahua, nació con labio leporino; hasta los 14 años necesitará 12 operaciones, las dos primeras fueron pagadas por el DIF, pero las demás no saben, por eso su esposo se fue.

Dora se dedica a la cosecha de maíz en las tierras que dejó su marido, con eso y con dinero que le envían come, sin embargo reconoce que no la tiene fácil para salir adelante.

“Es difícil tener que hacerlo todo, encargarse de la tierra, de los hijos, pero es la única manera que tenemos de sobrevivir, no hay de otra”, relata.

LOS PUEBLOS SE HAN QUEDADO SOLOS

Roque Quiahua, presidente del consejo indígena náhuatl, asegura que la migración se ha vuelto un modo de vida, una forma de tener un empleo y mejores condiciones, y la realidad se refleja porque cada día las comunidades se van quedando sin mano de obra para trabajar, sólo con mujeres, personas adultas mayores, niñas y niños.

“No queda de otra, no hay fuentes de empleo, se van mujeres, niños y familias completas, ya sea como jornaleros a Sinaloa o Estados Unidos; algunos se han ido a quedar, los traen en camillas o cajas”, comenta.

La única fuente de empleo en esta parte de la sierra es el campo, que ya no vale, el chapeo o la limpia de caminos, donde el pago del jornal está en 49 pesos. La gente se sostiene principalmente del programa federal Oportunidades.

Esta situación ha obligado a mujeres y hombres a migrar a EU o bien a irse de jornaleros a estados del norte del país, sin embargo en muchos casos ya no regresan porque hacen su vida, y las mujeres se quedan solas a cargo de los hijos y al frente del hogar.

“Esto también ha traído otros problemas, como la desintegración familiar, el alcoholismo, los embarazos en adolescentes y las niñas ahora sin orientación, pues a los 12 o 13 años ya se quieren casar”, explica Quiahua.

REMESAS CONDICIONADAS

El abandono de sus esposos que partieron a EU y el 100 por ciento de la carga de las labores del hogar no representan una mejor condición de vida para las mujeres de las comunidades, asegura la investigadora en temas de equidad y género de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González.

Detalla que aunque participan en asambleas ejidales o en labores de la casa, o el estudio de sus hijos, esto no garantiza su participación ni que su voz sea tomada en cuenta.

“Al irse el hombre a Estados Unidos, su jornada laboral cotidiana se vuelve más pesada, porque hacen trabajo doble sin que esto represente una mejor retribución económica o un empoderamiento en la comunidad, sólo son representantes y no toman decisiones”, aclara.

La experta señala que la mayoría de las mujeres jóvenes que se quedan en las comunidades son “encargadas” por sus maridos a la familia política, lo que genera problemas graves de abusos, como por ejemplo que las remesas que les envían son condicionadas.

“Hay muchas mujeres que son depositadas en casas de sus suegros, están sometidas a vigilancia extrema, están sujetas a la voluntad de otras personas, tienen que seguir determinadas reglas, y el dinero les es condicionado”, comentó.

Problemas psicológicos, otro elemento que regresa con los migrantes

Agencia ID

México, DF. Estudios científicos emprendidos por investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana (Ibero) señalan que no sólo el factor económico influye en la decisión del migrante, también el componente psicológico interviene. El estudio de los investigadores de la Ibero reveló que existen cuatro estrategias para adaptarse a un ambiente cultural diverso: integración, asimilación, separación y marginación. De acuerdo a un modelo teórico propuesto en los años setenta, se ha visto que la estrategia de asimilación puede traer (a largo plazo) diversos problemas psicológicos entre los migrantes que se acercan a la cultura estadunidense.
Con la intención de conocer algunas motivaciones que subyacen a las causas psicológicas y socio-económicas que originan la migración, la doctora Alejandra del Carmen Domínguez Espinosa, coordinadora del Doctorado en Investigación Psicológica en la Ibero, realizó una investigación con una muestra de jóvenes habitantes de algunos estados de la República, donde los índices de migración han aumentado en la última década como son Morelos y Veracruz, así como en entidades con tradición migratoria como los estados de México y Michoacán.
Los resultados sostienen que la idealización que se forja en algunas de las personas que deciden migrar a Estados Unidos en ocasiones es excesiva e irreal. “Algunos ciudadanos mexicanos idealizan las condiciones de vida en Estados Unidos, por lo que deciden migrar motivados por éstas imágenes irreales, que no corresponden en nada con lo que inicialmente se pensaba,”, señaló la investigadora.
A decir de Domínguez Espinosa, la información proveniente de conocidos, familiares o medios de información, alienta la migración pese a que ésta sea exagerada o no corresponda con la realidad. De hecho existen casos donde migrantes que vuelven a México tratan de impresionar a los pobladores de sus regiones natales.
Particularmente esto es relevante en tanto que este tipo de información influye enormemente en los jóvenes, quienes motivados por buscar mejores oportunidades de educación, empleo y creen que con migrar se abre una oportunidad real para una vida excitante, cuando en la realidad son más vulnerables al entrar en el circulo migratorio.
El equipo de la doctora Domínguez Espinosa descubrió que para evitar conflictos mayores, los migrantes se integran más fácilmente a la sociedad estadunidense adoptando las mejores prácticas de la cultura que los recibe, al tiempo que mantienen las propias de su país de origen.
Así, se llega a concluir que los factores económicos son  importantes en el fenómeno migratorio, pero no se pueden perder de vista que los factores de origen psicológico (como las emociones de ver nuevamente a un familiar o reencontrarse con la familia) también son relevantes para lograr un adecuado proceso de integración.

España encerró a 13.000 inmigrantes en 2011 pero no deportó ni a la mitad

tomado de El Diario.es

Djybi Edao estuvo encerrado más de un mes en un centro de internamiento de extranjeros por un único motivo: no tener papeles. Treinta y dos días privado de libertad, durmiendo con desconocidos en un cuarto de literas y un contacto con el exterior que se reducía a visitas de media hora. “Aquello es una cárcel”, dice por teléfono el joven senegalés sobre el centro de Zapadores, donde estuvo recluido. A pesar de todo, puede considerarse afortunado, porque su orden de expulsión no llegó a ejecutarse y continúa en Valencia, donde reside desde hace cinco años, cuando llegó a España.

Los CIE son recintos donde, como Edao, los inmigrantes aguardan su expulsión. La ley solo permite mantenerlos un máximo de 60 días. Si en ese tiempo no han sido devueltos, quedan en libertad. En 2011, 13.241 extranjeros pasaron por los centros de internamiento, pero tan solo el 48% fue expulsado, según los datos de la Fiscalía General del Estado. Más de la mitad se quedó en España. “Es algo que se repite año tras año. El Gobierno sabe perfectamente que todos los inmigrantes irregulares que son recluidos en los CIE del Estado no van a ser deportados porque no tiene capacidad suficiente para hacerlo y, a pesar de todo, los encierra. Además del presupuesto que se dedica a mantenerlos, está lo más importante: que todo esto no hace sino generar sufrimiento y amedrentar a quienes no tienen papeles. ¿Para qué amenazan a tantas personas si ni siquiera las expulsan? Es muy perverso”, afirma Salva Lacruz, de la Campaña por el Cierre de los CIE.

Estar recluido una temporada en un centro llega a ser una experiencia “traumática” para muchos extranjeros. “El internamiento tiene un impacto psicológico muy fuerte en las personas internadas. Dos meses privado de libertad, sin nada que hacer, sin información sobre las gestiones y sobre su futuro, sometidos a fortísimas restricciones en su libertad de movimiento, compartiendo el espacio vital con personas a las que no conoces de nada... Es muy traumático”, asegura Cristina Manzanedo, abogada de la organización Pueblos Unidos.

Hace unos meses, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que el Gobierno iba a priorizar la expulsión de los inmigrantes con antecedentes judiciales o policiales y que no deportaría a los que no tienen papeles pero pueden demostrar su arraigo social en España. Un compromiso que, según las oganizaciones que trabajan con inmigrantes, no se está cumpliendo. “Si eso fuera así, no habría tanta gente internada por mera estancia irregular como ahora. El problema es que actualmente están equiparando antecedentes policiales con antecedentes penales. Y no es lo mismo”, afirma Manzanedo. En su opinión, el origen de esta situación está en las directrices que actualmente manejan la policía, los jueces y los fiscales. “Está habiendo ingresos indiscriminados. En muchas comisarías, cuando comprueban que el inmigrante tiene una orden de expulsión, solicitan el ingreso en el CIE y, si hay plaza, acuden a solicitarlo al juzgado (es el juez el que que tiene que dar la orden de internar al inmigrante). Hay zonas de España, sobre todo pequeñas capitales, donde tanto el juez como el fiscal autorizan el ingreso cuando lo pide la policía y no tienen en cuenta otros factores como el arraigo de esa persona (si tiene familia, trabajo, etc.)”, afirma la letrada. 
En 2011, La Fiscalía desaconsejó el internamiento en uno de cada cuatro casos, según ha revelado. Las cifras dependen efectivamente del punto geográfico del que estemos hablando. En Asturias, el fiscal respaldó el ingreso en el 97% de los casos, mientras que en Madrid solo lo hizo en un 50% .

 Denuncias 

Los CIE llevan años siendo denunciados por organizaciones sociales y por la Defensora del Pueblo. Entre diciembre y enero, la muerte de dos inmigrantes en Barcelona y Málaga cuestionó de nuevo la situación en la que se encuentran los centros. De los ocho que hay actualmente en España (el de Málaga fue clausurado en junio por el mal estado en el que se encontraba el edificio), unos acumulan más denuncias que otros, pero en general las quejas han estado relacionadas con malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos. La falta de información fue lo que más preocupó a A Djybi Edao durante su internamiento en el CIE de Zapadores. ”Cuando estás dentro, no sabes qué va a pasar. No sabes si vendrán a llevarte a ti, porque no te dicen nada. Un día dijeron que podía irme, cogí mis cosas y me fui”, recuerda. En su memoria de 2011, la Fiscalía reconoce que existe una "masificación" y faltan módulos diferenciados para separar a los internos. Los centros acogen a dos tipos de extranjeros: los que son encerrados porque no tienen papeles, como Edao, y los condenados por algún delito cuya pena es conmutada por la expulsión. Todos comparten las mismas instalaciones. Separar a unos de otros es también una de las reivindicaciones que más se han escuchado en los últimos años. Aunque hay organizaciones que solo contemplan el fin de los CIE. “Nosotros partimos de la base de que no deben existir, porque no está justificado en ninguno de los dos casos. Asociar, como están haciendo, inmigración y delincuencia es criminalizar a los inmigrantes. En el caso de los que han cometido un delito, debe celebrarse un juicio justo y, si tiene que cumplir la pena, que lo haga como el resto de ciudadanos. Hay veces que terminan cumpliendo una doble pena, cárcel y ser expulsados”, asegura Salva Lacruz, de la Campaña por el Cierre de los CIE.

El reglamento

 A día de hoy, no existe una normativa clara que establezca las pautas de su funcionamiento, y siguen estando regulados por una orden ministerial del año 1999. El anterior gobierno socialista empezó a redactar el reglamento que ahora ultima el ejecutivo actual. El texto continúa otorgando todas las competencias a la Dirección General de la Policía y es “más de lo mismo” para las organizaciones sociales, como ya defendieron en este comunicado. A su juicio, el borrador limita las visitas de familiares y ONG, impide las quejas directas a los jueces, no garantiza que haya intérpretes y prima las cuestiones de control y seguridad. “El cambio más grueso en el modelo de los CIE debería ser acabar con el régimen carcelario. Y para hacerlo habría que cambiar el modelo para que no fuera policial. Y el texto no trata este tema”, afirma Manzanedo. La Defensora del Pueblo ya recomendó hace meses que, en el nuevo reglamento, la policía fuese destinada a supervisar la seguridad exterior de los centros, pero que la gestión de la vida cotidiana estuviera en manos de funcionarios especializados en servicios sociales. Un buen ejemplo que ayuda a entender qué sistema rige la vida de los internos en los CIE es el hecho de que a cada inmigrante se le asignada un número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el recinto. “Ni en la cárcel ocurre eso. La explicación que dan es que sus apellidos son muy raros y esa no es una excusa", asegura Manzanedo. “Es un ataque a su dignidad”.