Madrid, 24 ene. 12. AmecoPress.- Las extranjeras siguen siendo las víctimas especialmente vulnerables en violencia de género. En el tercer trimestre de 2011, según datos aportados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), interpusieron el 35 por ciento de las denuncias (12.560), cuando representan el 11,51 por ciento de la población femenina de España.
También resulta significativo el hecho de que de las 4.054 renuncias a seguir con el proceso judicial que se presentaron, el 42 por ciento correspondió a mujeres extranjeras, un porcentaje superior al de denuncias presentadas por este colectivo según los datos aportados el viernes por el Observatorio.
Las mujeres inmigrantes están sobre representadas en las cifras oficiales de violencia y especialmente en los femicidios con respecto a su presencia en la sociedad española. De las 61 mujeres que murieron el año pasado en España a manos de sus parejas o ex parejas, 21 eran de origen extranjero.
Si tratamos de buscar las razones o motivos de esta situación, necesariamente deberemos abordar al análisis desde distintas vertientes. A menudo, determinados sectores profesionales e institucionales sólo consideran trabas las derivadas de su proyecto migratorio: los cambios de roles, la cuestión de las culturas y costumbres, si las mujeres provienen de culturas machistas. Pocas veces se consideran las trabas añadidas que impone la sociedad de acogida o la sociedad española a las mujeres inmigrantes y, de manera especial, las dificultades que estas mujeres se encuentran en su salida de la violencia.
Falta de apoyo
Según los testimonios de profesionales que trabajan con mujeres maltratadas, muchas víctimas de violencia se culpabilizan cuando denuncian al hombre con el que han vivido una “historia de amor”, con el que muchas tienen hijos e hijas, con el que han compartido años de sus vidas, etc. En el caso de mujeres inmigrantes este sentimiento de culpabilidad se acrecienta porque el propio proceso migratorio es un proceso compartido con el agresor. Es un proyecto compartido que les ha exigido mucho sacrificio. La mujer sabe que este señor en el momento en el que sea condenado recibirá una expulsión exprés y de alguna manera se le trunca cualquier tipo de renovación. Además, las familias de los países de origen también ejercen presión.
Y aquí, en España, las mujeres inmigrantes “no cuentan con redes de apoyo y viven en malas condiciones, a menudo, con una gran dependencia económica”, argumentan desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, para explicar esa sobre representación de las mujeres inmigrantes en sus estadísticas.
Esta opinión es compartida por Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional. “Sin duda que nuevamente la situación de especial vulnerabilidad que viven estas mujeres, la precariedad, la dependencia económica, la falta de redes de apoyo y el miedo a quedarse sin sus hijos, o perder derechos adquiridos, dificulta que se mantengan en su intención de denunciar y salir de la violencia”, explica.
Psicológicamente, al duelo migratorio que experimenta toda persona migrante, se une la frustración del fracaso en unas relaciones de pareja que, en muchos casos, constituye su única red social.
Para que se atrevan a denunciar es necesario apoyar los procesos de estas mujeres reduciendo la autocomplacencia y aumentando la autocrítica, los recursos, y las personas formadas en interculturalidad. Personas formadas que puedan hacer realmente de puente entre lo que estas mujeres están viviendo, que sepan encontrar la manera de acercarse pero no desde el reproche, para que encuentren no sólo apoyo entre ellas, sino también por parte del estado y la sociedad de acogida.
Papeles o derechos
La normativa de extranjería ha venido siendo un auténtico obstáculo añadido que desde luego no comparten las mujeres españolas. La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso la primera norma que reconocía la especial vulnerabilidad de las extranjeras y establecía el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos para las víctimas, en pie de igualdad con el resto de las mujeres, sea cual fuere su situación legal y administrativa.
Pero las leyes de extranjería seguían dando prioridad al control migratorio por encima de los derechos humanos. Fueron muchas las organizaciones que reclamaron la modificación de estas normativas para diluir los temores que hacen que las mujeres inmigrantes que sufren maltratos no se atrevan a denunciar y protegerlas, junto a sus hijos e hijas, y por fin, el año pasado se lograron importantes avances.
Las reformas aprobadas por el Congreso español en el 2011 garantizan que las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien maltrato tendrán una protección especial. No se les abrirá un expediente de expulsión y, si ya lo tuvieran, se suspenderá. Esta medida se adoptará a la espera bien de una resolución judicial (como una sentencia o un auto de medidas de protección) o bien de un informe del Ministerio Fiscal que determine indicios de violencia de género. Se les dará también autorización provisional de residencia y de trabajo. Además, este amparo especial también se extenderá a las hijas e hijos menores de las maltratadas. Sólo se llevará a cabo la expulsión en el caso de que una jueza o juez considere que la denuncia interpuesta contra el supuesto maltratador es falsa.
Incoherencias
Pero el problema es mucho más profundo. Estas mismas mujeres a quienes se les asegura protección, conocen, a veces de primera mano, testimonios de mujeres que ven vulnerados sus derechos: víctimas de trata o también, inmigrantes que pasaron por alguno de los CIES españoles (centros de internamiento de personas), donde a pesar de no ser cárceles y de que las personas retenidas no han cometido ningún delito, están controladas por la policía y en condiciones infrahumanas; en uno de estos centros, el de Málaga, en 2006 se produjo la denuncia de violación de diez mujeres a manos de agentes de policía, que aún no han sido juzgados y que probablemente quedarán impunes.
Y si seguimos profundizando, encontramos otras incongruencias. Por ejemplo, todavía no se garantiza que las mujeres extranjeras que no hablan español y se acercan a una comisaría a presentar una denuncia por malos tratos sean asistidas por intérpretes de calidad y con formación en violencia de género. Virginia Álvarez explica que “esto, junto a otras dificultades durante la investigación, hace que cerca del 50 por ciento de las denuncias de mujeres extranjeras en situación irregular están siendo sobreseídas, lo que tiene unas graves consecuencias sobre ellas”.
Ir a la raíz
La violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos, del cual sería su manifestación más aberrante, y se manifiesta en diversos ámbitos: social, económico, religioso y político. Es importante insistir en que el problema es de origen social y estructural –y no individual- y es multidimensional, puesto que no puede ser entendida de forma aislada.
Hace décadas que existe un reconocimiento internacional acerca de la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes – la doble vulnerabilidad, por ser mujer y por ser migrante- haciéndose hincapié en los últimos tiempos en la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las políticas migratorias. En el caso de las mujeres inmigrantes irregulares, estaríamos ante una situación de triple vulnerabilidad.
En muchos casos se desconoce la existencia de la legislación vigente y los mecanismos previstos que en España vienen aplicándose hace años y que persiguen el maltrato contra las mujeres. Es muy importante hacer un esfuerzo para que las mujeres inmigrantes, con o sin papeles, conozcan sus derechos.
Pero hasta ahora, ningún conflicto social se ha solucionado a golpe de Código Penal, sin atacar la raíz del problema. Habrá pues que transformar las condiciones que generan violencia y eliminar los impedimentos a los que las mujeres –en este caso, inmigrantes- se enfrentan cuando quieren escapar de esa situación de sufrimiento y avanzar en autonomía y libertad.
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Un mundo de 214 millones de emigrantes
A pesar de la crisis económica mundial y de las crisis políticas, una inequívoca señal de evolución de la humanidad, la emigración, mantiene estables sus constantes vitales. El flujo de personas que cruzan fronteras en busca de oportunidades alcanza los 214 millones de personas, según el informe de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) del año 2011, presentado hace algunas semanas en Suiza.
Si a la cifra de desplazados que atraviesan las fronteras se añaden los ciudadanos que protagonizan desplazamientos en el interior de sus propios países, resulta que más de 1.000 millones de habitantes del planeta se hallan actualmente en tránsito.
El progreso de la humanidad está directamente vinculado a su desplazamiento sobre la faz de la tierra. Hace millones de años el primer homínido inició en África el camino y desde entonces las personas no han cejado en su deseo de moverse en busca de mejores condiciones de vida. Y esto sigue ocurriendo también en el siglo XXI.
En este marco de estabilidad general del número de emigrantes en activo, hay una serie de acontecimientos que han modificado algunos comportamientos. Esta es una síntesis de las principales alteraciones detectadas en el informe de la OIM del 2011.
NORTE DE ÁFRICA
Los efectos imprevistos de la primavera árabe
El informe sostiene que la primavera árabe "ha tenido enormes repercusiones en los patrones migratorios de esa región y fuera de ella". Las crisis políticas en Túnez, Egipto y Libia provocaron el temor europeo de una gran ola de inmigración hacia el continente. Sin embargo, no ha sido así: "Sólo un porcentaje muy pequeño de los desplazados por el conflicto emprendió el cruce del Mediterráneo". Un 3% de los inmigrantes llegados en los últimos meses a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, o a Malta procedían de Libia.
La mayor parte de los desplazamientos originados por los conflictos de Libia y Egipto se han resuelto, por el momento, con el retorno a los países de origen. Así ha ocurrido con los inmigrantes asiáticos y los africanos con el consiguiente problema para la débil economía de estos países. Por ejemplo, la OIM estima que unos 70.000 chadianos y 80.000 nigerianos han retornado procedentes de Egipto y Túnez. La pérdida de las remesas enviadas por los emigrantes desde estos países y el aumento de la demanda de alimentos hacen temer una crisis en las naciones de acogida.
HAITÍ Y ASIA
Las graves secuelas de los desastres naturales
Las catástrofes originadas por seísmos o los fenómenos meteorológicos siguen aumentando y, en consecuencia, también el desplazamiento de la población afectada por las calamidades.
En el caso de Haití, cerca de 1,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse debido al efecto del terremoto. Se esperaba que una parte de esta población emigrara de su país hacia Estados Unidos pero no ha ocurrido debido, apunta el informe de la OIM, a la extrema pobreza de la población, que no puede asumir un viaje "caro y peligroso".
Según un estudio elaborado por la OIM centrado específicamente en las migraciones relacionadas con el medio ambiente, se estima que 38 millones de personas se vieron obligadas a emigrar a consecuencia de algún tipo de catástrofe en el año 2010. El informe concluye que el número de emigrantes naturales es cada vez mayor.
EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE
Las consecuencias desiguales de la crisis económica
El informe de la OIM estima que la crisis en los países más ricos provocará una fuerte reducción de las corrientes migratorias, una abrupta interrupción del aumento de población de extranjeros en los países con ingresos altos, una drástica reducción de las remesas y un aumento de la emigración de retorno.
Sin embargo, el propio informe reconoce que estos comportamientos no han sido extensibles a todos los países. Así, advierte que a la reducción del tráfico de personas tras el estallido de la crisis financiera en el 2007 y el 2008 le ha seguido un nuevo repunte. En este sentido, señala que Canadá y Estados Unidos (pese a las crecientes restricciones de este último país) registran aumentos significativos del número de inmigrantes.
Por el contrario, apunta a disminuciones de población inmigrada en el Reino Unido, a la par que empieza a describir un aumento súbito del número de emigrantes de nacionalidad europea que cruzan el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Tal es el caso de Irlanda, donde se ha detectado una salida neta de 60.000 habitantes.
El informe pone de relieve el impacto de la crisis en los inmigrantes que padecen un nivel de desempleo superior a la tasa que sufren los ciudadanos nacionales. En este capítulo, el informe cita específicamente el caso de España. Sin embargo, advierte, el desempleo no deriva necesariamente en un retorno masivo. En el regreso pesa más la situación del país de origen que la situación del país de estancia. Así, por ejemplo, señala el caso de Polonia, cuyas buenas perspectivas económicas han propiciado el retorno de los nacionales que hasta ahora vivían fuera de su país.
ALEMANIA
El indiscutible atractivo de 'Merkelandia'
Alemania es otra muestra evidente de que las condiciones económicas de una nación de destino son decisivas para promover o desmotivar la emigración. Los últimos datos del Departamento de Estadística de Alemania –que todavía no recoge el informe de la OIM– apuntan a un cambio de tendencia relacionado con la crisis en la zona euro.
Por un lado, la supresión de las limitaciones a la libre circulación dentro de la Unión Europea ha derivado en un claro aumento de ciudadanos procedentes de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, que se situó en un 30% de aumento en el primer semestre del 2011.
De los 450.000 ciudadanos que entraron en Alemania en estos primeros seis meses del año, lo que supone un aumento del 19% respecto al mismo periodo del año anterior, un 62% procedía de otro Estado miembro de la UE, mientras que sólo un 11% llegó desde otros países no comunitarios europeos, de Asia o de América.
La migración hacia Alemania de ciudadanos procedentes de España y Grecia también experimentó un fuerte aumento. Llegaron 2.400 españoles, un 49% más, y 4.100 griegos, un 84% más, en lo que parece casi un retorno a un fenómeno propio de los años sesenta.
ESPAÑA
El retorno tras el declive de la exuberancia hispana
La crisis en los países del sur de Europa ha reactivado el retorno de algunos inmigrantes a sus países de origen, especialmente de ciudadanos de Latinoamérica. El informe Extranjeros residentes en España. Principales resultados, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, revela que en el tercer trimestre del 2011 se ha reducido la cifra de extranjeros de cinco de las principales nacionalidades que viven en España (Ecuador, Colombia, Perú, Cuba y Argentina).
El número de ciudadanos de Ecuador, la segunda nacionalidad extracomunitaria con más residentes en España, ha disminuido en 3.234 personas. Mientras, en el caso de Colombia, la tercera nacionalidad, se ha reducido en 1.751 ciudadanos, y en el de Perú, en 1.511.
El informe también habla de la tendencia al equilibrio entre la cifra de ciudadanos procedentes de otros países de la Unión Europea que viven en España y los de terceros países. A 30 de septiembre del 2011, el 48,5% de los extranjeros pertenece al régimen comunitario y el 51,5% restante al régimen general.
