Persiste omisión de México y CA hacia migrantes: ONG

Fernando Camacho Servín, La Jornada

México, DF. A un año de la masacre en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no hay un solo sentenciado por el caso; los gobiernos de México y Centroamérica siguen manteniendo una actitud omisa ante el drama humanitario de los migrantes, y están empezando a surgir brotes de xenofobia que demuestran el fracaso de las instituciones en formar seres humanos solidarios.

Así lo advirtieron en rueda de prensa diversos activistas en defensa de trabajadores indocumentados, quienes el pasado 13 de junio solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección en favor de los familiares de las víctimas de la matanza, para que México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador les brinden atención integral.

Los denunciantes, quienes calificaron lo ocurrido en San Fernando como un “crimen de Estado” en el que las autoridades demostraron su complicidad con los criminales, al menos por omisión, denunciaron mediante un comunicado que los involucrados no están recibiendo la atención adecuada por parte de sus respectivos gobiernos.

Para evitar que los cuerpos de las víctimas sean enviados a familias donde no corresponden, o se pierdan o destruyan evidencias básicas para la investigación, los colectivos participantes demandaron que la CIDH ordene medidas cautelares que obliguen a que los países de origen de las víctimas garanticen a sus familiares atención médica, psicológica y económica.

Además, exigieron que México establezca un mecanismo de coordinación con Centroamérica para buscar a todas las familias que puedan tener un desaparecido por el caso de San Fernando; y forme un grupo de expertos con apoyo de Naciones Unidas para sancionar a los responsables y garantizar la no repetición del crimen.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, destacó que la migración es un fenómeno mundial generado por la repartición injusta de la riqueza, por lo que no se resolverá con los esfuerzos aislados de un solo país, al tiempo que llamó a hacer conciencia sobre este punto para evitar los ataques xenófobos contra los migrantes.

De su lado, Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, lamentó que dichas manifestaciones demuestran el fracaso del gobierno y la propia Iglesia en formar seres humanos solidarios, y censuró la “hipocresía” de quienes se dicen religiosos pero se dedican a “chingar a nuestros hermanos migrantes”.

Asimismo, exigió la cancelación del Plan Mérida, por considerarlo una muestra de que México sólo se desempeña como policía migratoria de Estados Unidos, y la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM), “que se ha vuelto una sucursal de Los Zetas”.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, denunció que los brotes de xenofobia –como los ocurridos en Tultitlán, estado de México y Matías Romero, Oaxaca- ha sido introyectada en la gente por la inacción de las autoridades, y anunció que del 10 al 18 de septiembre se realizará la Caravana del Perdón por el sureste del país, hasta llegar a Guatemala.

Ana Lorena Delgadillo, quien ha acompañado la petición de medidas cautelares ante la CIDH –la primera a escala regional-, subrayó que ni México ni los países centroamericanos tienen una estrategia adecuada para investigar la matanza o atender a los familiares de las víctimas, e informó que todavía hay 13 cuerpos sin identificar por lo ocurrido en San Fernando