ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES
Los migrantes centroamericanos que a diario cruzan la frontera sur de nuestro país se han sumado a las miles de víctimas de la violencia y la profunda descomposición social que vive México desde hace algunos años. Vivir en México significa permanecer en un estado de peligro y zozobra constantes; transmigrar por México, puede llegar a significar violaciones, secuestros y hasta la muerte.
Los datos que sobre este fenómeno arrojan los recientes estudios realizados por organismos de derechos humanos y de la sociedad civil son verdaderamente alarmantes: durante 2009, se calcula que pudieron cometerse 20 mil secuestros en las inmediaciones de la ruta del migrante comprendida por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas (según el albergue Hermanos en el Camino y la CNDH); de abril a septiembre de 2010, 10 mil centroamericanos fueron plagiados en todo el territorio mexicano, dentro de los que se incluyen 200 casos de secuestros masivos (registro de la CNDH); uno de cada cinco migrantes son niños y adolescentes y de cada diez mujeres, seis sufren violación en albergues (informe de Amnistía Internacional).
Pero los casos ocurridos en México en contra de migrantes que más han impactado a la comunidad nacional e internacional han sido, por una parte, el asesinato masivo perpetrado contra 72 migrantes centro y sudamericanos (58 hombres y 14 mujeres) por negarse a formar parte del crimen organizado, a mediados del año pasado en San Fernando Tamaulipas y, más recientemente, el secuestro de 50 centroamericanos ocurrido el 16 de diciembre por un grupo armado, que el gobierno de El Salvador denunció y cuya versión el Instituto Nacional de Migración se negó a reconocer en un principio.
Estos datos y hechos absolutamente denigrantes en contra de los ciudadanos de países hermanos con los que nos une identidad e historia como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, deberían constituir un motor de activación para que las instituciones mexicanas den respuesta inmediata a estas violaciones. Sin embargo, sólo se ha observado de su parte lentitud, corrupción, negligencia y mucha indiferencia ante un problema tan sensible como el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los migrantes en territorio mexicano. Por un lado, el gobierno mexicano tiene la obligación de que sus instituciones, autoridades y personal del servicio público no estén involucrados en actos de extorsión y corrupción en contra de todas las personas extranjeras que se encuentran en suelo mexicano; y por otro, tiene la obligación de asegurar el paso de ellas, en términos del respeto a la dignidad humana, evitando a toda costa que sean presas del crimen organizado en colusión con autoridades migratorias y las policías de todos los niveles.
Desafortunadamente, gobiernos como el nuestro han utilizado la ilegalidad de los migrantes como pretexto para no actuar de forma contundente en las violaciones que sufren, solapando de esa manera la serie de vejaciones y delitos que se cometen en contra de ellos.
En todo el mundo, la migración de personas y sobre todo por motivos económicos y sociales, se ha convertido en uno de los problemas más graves causados por la exclusión que genera el sistema económico imperante. Resulta paradójico que mientras se liberaliza con mayor intensidad el comercio internacional entre naciones, permitiéndose el libre tránsito de las mercancías, las personas sufran el endurecimiento de políticas migratorias cada vez más restrictivas de la libertad de tránsito de un país a otro.
Deberíamos estar más cerca de eliminar las visas, que sólo han servido para tener ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta clase en nuestro mundo. La ausencia de ellas ha permitido la denigración y violación en extremo de los derechos más fundamentales de las personas; los derechos de ciudadanía han ayudado a tener secuestrada a la migración de los seres humanos, por eso la ciudadanía universal no debería ser ya un derecho lejano.
Pero tratándose de México no soñamos tanto en un futuro cercano. La exigencia inmediata es que las autoridades implementen políticas respetuosas de todos los migrantes, que aseguren su tránsito y/o estancia digna en nuestro país y que tengan como eje la coordinación efectiva entre el gobierno federal y las entidades del sur que más reciben migrantes de Centro y Sudamérica. Si no pueden con esto, que renuncien.
foto: Estación Chahuites, Oaxaca. AP
